SNIACE, Paro y contaminación en el mismo plato

     La empresa SNIACE vuelve a estar en el candelero de la actualidad cántabra. En este caso, otro nuevo ERE puesto sobre la mesa que afecta a 330 trabajadores, el 61.5% de la plantilla de la empresa durante 6 meses. Este expediente supone la paralización de una de las dos fábricas de Torrelavega y quizá el comienzo del cierre total de la planta a medio plazo. El motivo esgrimido por la dirección, es la aplicación del céntimo verde recogido en Ley de Medidas Fiscales  para la Sostenibilidad Energética, puesta en marcha por el Gobierno central. El impacto de esta ley se cifra en más de 9 millones de euros anuales, lo que , a juicio de la dirección, haría insostenible el funcionamiento de la empresa.

      La historia de la planta de SNIACE en la capital del Besaya es la historia de un chantaje continuo a los ciudadanos de esta región. A la vista está el mantenimiento de la planta con un aspecto ruinoso y una contaminación de la que se hace mella la salud de muchos torrelaveguenses El Gobierno de Cantabria ya reconoció hace seis años el impacto de la mala calidad del aire sobre la salud de la población de Torrelavega, a la que SNIACE contribuye ostensiblemente, en su estudio “Salud diferencial en Torrelavega y su área de influencia.. ¿Está tan mal económicamente como dice? Cierto son los 13 millones de pérdidas obtenidos en el año 2012 por la caída de las ventas. Pero también son ciertos los  de 6.7 millones de beneficios obtenidos el año anterior y los 4 millones del 2010. Aparte, en el año 2008 el grupo obtenía más de la mitad de las ventas de su división energética que le reportó 68 millones de euros en ventas y 44 millones en el 2010. Gracias a este anuncio del ERE, el valor de sus acciones subió en Bolsa un 15% en el primer día de implantación para que veamos los posibles intereses especulativos que hay detrás de estas operaciones.

            La pregunta que nos surge es ¿por qué nadie ha obligado a la empresa a llevar a cabo las mejoras necesarias, para no poner en peligro la salud y hacer de la planta una factoría moderna y viable?  La respuesta a esto es muy sencilla. Para ganar dinero, el presidente Blas Mezquita sabe que una empresa como la suya con las inversiones necesarias no sería rentable. Por ello, se ahorra las inversiones y mantiene una empresa altamente contaminante, bajo el chantaje de cerrar la fábrica y mandar a la calle a los 514 trabajadores (más de un millar en otros tiempos). Los políticos regionales y locales no asumen su responsabilidad y en vez de obligar a la empresa a llevar a cabo las mejoras, han puesto la cara en varias ocasiones por la empresa, esgrimiendo los efectos adversos sobre el empleo de la comarca.
 También les conceden ayudas vergonzosas a nuestra costa: recientemente  el Tribunal General de la Unión Europea confirmaba una sentencia que obligaba a SNIACE a devolver ayudas por valor de 22,6 millones de euros más intereses concedidas a partir de la suspensión de pagos del año 1993. La última fue el intento de instalar una planta de bioetanol para la que el Gobierno de Cantabria debía de avalar un préstamo de 60 millones de euros por medio del ICAF (Instituto cántabro de finanzas). Éste último, viendo el resultado de la participación regional en empresas como GFB se abstuvo de dar el aval y  SNIACE se llevó la planta a Polonia gracias a un préstamo de 125 millones de euros concedido por una entidad local. Como se puede ver, SNIACE consigue dinero para lo que le interesa.
Evidentemente, esta situación era de esperar y no hubiera sido posible sin una clase política municipal y regional de lo más mezquino en este asunto. Respecto a la deriva de todos estos años pasados, en los que la alcaldía la ocupaban otros partidos, no difiere mucho de la realidad actual. Cuando se está en la oposición, la contaminación ambiental e insalubre de la comarca del Besaya, es un arma arrojadiza a la cabeza del partido que ocupa la alcaldía. Cuando se está en la alcaldía, el problema se esfuma como por arte de magia, pero sin poner un remedio real. 
Blanca Rosa Gómez Morante, alcaldesa por el PSOE, negaba la mayor cuando grupos ecologistas querían que se declarase a Torrelavega “zona de atmósfera contaminada”. Siempre alegaba, que no tenían competencias en la materia (que correspondían al Gobierno regional presidido por el PP) y que la situación no era alarmante. Sin embargo, en otros momentos (electorales se supone), se declaraba como “luchadora sin tregua en esta legislatura para reducir la contaminación”          .En la actualidad, la ex alcaldesa se dedica a “usar” nuevamente el tema como un  arma arrojadiza contra el alcalde. En una comparecencia criticaba el “silencio del Partido Popular frente a la creciente tendencia negativa de la contaminación del municipio”.
            Cuando Ildefonso Calderón, calentaba el banquillo de la oposición del ayuntamiento, pugnaba por defender los derechos de los torrelaveguenses anunciando por ejemplo “medidas de presión” acerca de los problemas de la contaminación de Barreda. Al tiempo, criticaba al consejero de sanidad del Gobierno de Revilla, por no mostrar interés y decir que sólo intervendría si hubiera una emergencia. Hoy se ve que esta lucha se le ha olvidado .
El Partido Regionalista de Cantabria,  por medio de la concejal Paloma Santillán, ponía sobre la mesa las 36 superaciones de los valores límites de contaminación sin tampoco exigir medidas al presidente regional de su partido, el señor Revilla.  Cuando el año pasado sucedió lo mismo, el alcalde Ildefonso Calderón, lo tildaba de “escándalo social y político”, pero este año no dice nada.
            Ahora, ante el triste futuro laboral de cientos de familias torrelaveguenses, todo es echarse las manos a la cabeza y criticarse unos a otros.

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