“DONDE DIJE DIGO…” nos dijo DIEGO

Tubacex, empresa multinacional alavesa, decidió el pasado trimestre la instalación de una factoría en las inmediaciones de Solares, que supondría la creación de SÓLO 110 empleos directos en el horizonte de 2018. Pero esta supuesta buena noticia para la situación económica regional de paro y cierre de empresas, supone también “algo” que explotar por parte de los políticos regionales del Partido Popular, con su presidente Ignacio Diego a la cabeza.
Las noticias auguran una facturación de la nueva planta de 100 millones de euros, una inversión tecnológica de futuro, creación de empleo, etc… pero nadie da nada por nada. Pues resulta que el 19% de la inversión y del capital de TUBACEX Services, que será la filial que acometerá la iniciativa, lo pone SODERCAN, o lo que es lo mismo, lo ponemos nosotros, los ciudadanos de Cantabria, de nuestro bolsillo. Y eso que a la empresa en cuestión no le va mal como para solicitar ayudas públicas: una cuota del 20% del mercado mundial en su especialidad, incremento de ventas de un 5.2% entre el primer semestre del 2012 y del 2013 y un beneficio neto en el primer semestre del año de 10.6 millones de euros.
Las negociaciones se han llevado a cabo entre la firma vasca y la entidad público-privada SIMMC (Suelo Industrial de Marina de Cudeyo y Medio Cudeyo). Esta última está formada por la sociedad pública SICAN (del grupo SODERCAN), y el conglomerado de empresas SODEPISA (Talleres Oran, Grupo Tirso, SIEC y Boalar Investment).
 
En este caso hay dos claves interesantes que analizar:
La primera es la hipocresía del Partido Popular al apoyar un proyecto que cuando estaba en la oposición criticó e intento echar abajo. El ejecutivo anterior formado por la coalición PSOE-PRC estableció un PSIR (Proyecto Singular de Interés Regional) para la construcción del Área industrial Marina-Medio Cudeyo.
En este caso el Partido Popular se posicionó al lado de los vecinos a los que se expropiaban las parcelas, por considerar irrisorio el importe de la indemnización por metro cuadrado. El asesoramiento legal de las demandas del Partido Popular y de los afectados corría por cuenta del actual consejero de Medio Ambiente Javier Fernández. Aparte de “defender” los intereses ciudadanos, las mayores críticas venían por el hecho de que en el nuevo área industrial no sólo entraba el capital público de SICAN, sino que una empresa privada SODEPISA S.L. entraba en la sociedad gestora del área con casi el 75% de la participación “para ganar dinero” como afirmaban los populares acaudillados por María Antonia Cortabitarte.  En SODEPISA S.L., entraba entre otros la constructora regional SIEC, una de las más importantes de la región.
La segunda clave, es la hipocresía del Gobierno vasco, que ante la desbandada de TUBACEX critica el plan del Gobierno regional para favorecer la creación e instalación de empresas en la región.  El Gobierno de Cantabria ofrece suelo industrial gratis durante cinco años a las empresas que quieran instalarse en la región y asuman unos compromisos mínimos de permanencia, inversión y empleo. La idea es cinco primeros años gratis, opción de compra durante los quince primeros años, derecho de superficie durante 50 años y facilidades financieras para la adquisición del terreno.
Lo vergonzoso del asunto, es que el Gobierno vasco fue famoso en los noventa por sus ayudas millonarias para la instalación de empresas, las llamadas “vacaciones fiscales”. Los beneficiarios serían todas aquellas sociedades creadas en el Pais vasco con un mínimo de 10 trabajadores y un capital social de 120.000 euros. Algunas de las beneficiarias de estas ayudas fueron por ejemplo, el Grupo Vocento, propietario hoy de El Diario Montañés. Esta situación que arrancó en 1993, fue declarada ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea después de casi dos décadas de litigio judicial.
Lo curioso de esta actitud, es que otras comunidades limítrofes como Castilla-León tienen mejor oferta de suelo industrial que Cantabria, por lo que quizás el temor venga más por la instalación de TUBACEX, que unido a las medidas anunciadas, pueda suponer una “diáspora” empresarial a suelo cántabro.
Como siempre los políticos de uno y otro signo siguen en las mismas. Unos benefician a las empresas a nuestra costa sin exigir un mantenimiento a largo plazo del empleo y de las condiciones laborales. Otros no aceptan que las medidas con las que ellos beneficiaron a sus empresas, las puedan adoptar otras comunidades. Y por supuesto, lo que ayer criticaba el Partido Popular por estar en la oposición, hoy es una excelente medida a tener en cuenta. ¿verdad que sí señor Diego?…

 

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